Iván Senneke tenia 19 años, quería ayudar a salvar vidas en los quirófanos (estudiaba la carrera de instrumentista quirúrgico) y era "el hijo varón que toda madre quiere tener". A Iván lo mataron el viernes en la esquina de su casa, en villa 9 de Julio: le quitaron la mochila y le dispararon a quemarropa en la cabeza. Los tres detenidos por el crimen ya tenían antecedentes delictivos.

Maximiliano Maldonado, tiene ocho años. El domingo pasado fue baleado en La Rinconada mientras iba en el taxi de su padre. Se salvó de milagro. Como en el primer caso, los agresores de Maxi muestran un historial de reincidencias múltiples en casos delictivos y en el sistema penal.

Frente a ese cuadro, se impone la pregunta acerca de para qué sirven las cárceles. Según datos oficiales (Servicio Penitenciario Nacional), la reincidencia en la Argentina llegaba en el año 2008 al 32%. Sobre ese punto no hay datos actualizados al 2011. Sin embargo, al margen de cuántos sean los que vuelven a delinquir, las estadísticas muestran que la población carcelaria crece con prisa y sin pausa. En Tucumán, el sistema penitenciario registraba, a mayo de 2011, 1.126 encausados. Hace tres años, los internos en las cárceles tucumanas eran 1070; más del doble que los 445 registrados en 1997. Esa tendencia en alza se repite estadísticamente en todo el país. Y no es "privilegio" argentino. En todo el mundo, la vieja cultura carcelaria represiva foucoultiana de "Vigilar y castigar" hace agua; y los gobiernos ensayan distintas respuestas (ver "Polémica...).

Si las cárceles no rehabilitan, ¿para qué sirven, entonces? En casi todo el mundo, el sector más vocinglero de la opinión pública -que muchas veces incide en las decisiones de los jueces - suele pedir "mano dura" para el reo.

En el universo jurídico, el arco es más variado: de un lado están algunos que defienden la cárcel como espacio de rehabilitación para todo tipo de delito y del otro están los que impulsan mecanismos alternativos a la cárcel (libertad asistida, probation) para los hechos delictivos menos aberrantes. En lo que sí hay acuerdo es en que, más allá de las posiciones normativas, las cárceles -y las tucumanas no parecen ser la excepción- son espacios de hacinamiento en los que el homicida fogueado comparte celda con el ladrón recién iniciado y en los que el procesado alterna con el que ya tiene condena.

Del lado de los voceros de la "mano dura", el abogado Pablo Calvetti opina: "lo que resocializa es el tiempo en la cárcel, si hubiera cárceles que garanticen condiciones de salubridad". Agrega que no acuerda con las normas que les permiten a los condenados salidas extramuros. "No estoy de acuerdo con el garantismo con que el Poder Judicial trata de liberar al delincuente. Lo que hay que hacer es mejorar las condiciones y los vicios que hay en las cárceles; hacinamiento, drogas y alcohol. La solución no es darle el collarcito para que salga", enfatiza. Y remata con su consigna: "Hay que ganar la batalla de la vereda: los delincuentes tienen que estar en la cárcel".

Los penalistas Miguel Nacul y Horacio Guerineau, en cambio, apelan al cumplimiento constitucional de las garantías y derechos del imputado, que en la mayoría de las cárceles actuales, aseguran, no se pueden efectivizar. "Si no cumplimos con el texto constitucional, no estamos garantizando Justicia", afirma Nacul. Coincide con el fiscal Edgardo Sánchez (ver "Urge...) en la necesidad de ir avanzando progresivamente en herramientas alternativas a la reclusión. Nacul recuerda que el penal de Colonia Pinto (Santiago del Estero) ya exhibe un modelo más "humanizado" y menos represivo de sistema penitenciario, con espacios verdes para capacitar a los internos en trabajos productivos. En el terreno educativo hay avances con programas como el de Educación en Contexto de Encierro, entre otros.

Polaroid
De todos modos, el mapa de la población carcelaria de la Argentina muestra que las fallas del sistema trascienden los muros de las prisiones: o en la Argentina hay pocos delitos "de guante blanco", o es cierto que, en general, a las celdas sólo entran los pobres, mientras que "los otros" salen por la puerta de atrás: del total de la población que en el año 2008 poblaba las prisiones argentinas, el 67% de los internos apenas habían cursado la escuela primaria (43%, completo) o parte de ese nivel (24%). El 15% de los presos pasó por la secundaria, pero no la concluyó. Y siete de cada 100 internos no han pisado nunca una escuela. Las estadísticas sobre situación laboral del interno al momento del ingreso a prisión también son una buena Polaroid: hace tres años, el 41% de los ingresantes eran desocupados, en tanto que el 40% registraba empleo de tiempo parcial; y apenas el 19% era trabajador "de tiempo completo".

Si esa casi nula calificación educativa atenta contra una resocialización futura extramuros, el tráfico y consumo de drogas en encierro ratifica que la prisión es para el reo del siglo XXI la versión refinada, a fuego lento, del suplicio de las antiguas cárceles. Un reo que, en respuesta a esa opinión pública que pide "mano dura" en las cárceles, no se promete ya en la calle como un futuro ciudadano "rehabilitado" sino como un potencial vengador.